Tinta negra

Por: Leidi Vanessa Angulo Arizala

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Hace quince días, se conoció la noticia de Ismael Arciniegas, el primer colombiano ejecutado en China, por introducir 4 kilos de droga al país asiático. Desde mi punto de vista, la pena de muerte solo se debería aplicar en estado de guerra por genocidio y crímenes contra la humanidad. Aplicarla en cualquier otro caso como llevar mínima cantidad de droga es retrógrado e inhumano. De hecho en declaraciones para El Colombiano, Mauricio Reyes, experto en Derecho internacional de la Universidad Nacional, afirmó que China ha considerado los derechos humanos como una intromisión occidental, mientras que la mayoría de naciones consideran la pena de muerte como una violación de los derechos humanos.

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La pena de muerte nunca es solución y menos cuando “las mulas” no son los verdaderos culpables. China debe entender que no todos los que transportan droga son narcotraficantes, de hecho la mayoría de los que realizan estos actos, son gente común con alguna necesidad económica. No sé hasta qué punto China pueda convertirse en un patrocinador más de este engranaje, ojalá estas drásticas medidas sirvan para que al menos aumente la abstención de los llamados “correos humanos” que al final son los más pobres, ingenuos e ignorantes de esta cadena criminal.

No se pude partir de la política de que al matar a todos se vaya a dejar de exportar droga. Las mejores medidas son de rehabilitación, además ¿qué más castigo que el trato que les dan en la cárcel? La ejecución no soluciona nada, la persona sentenciada sufriría de verdad una condena si lo dejan pagando años en cárceles como las de China y sin garantía de defensa.  Es más razonable que le den pena de muerte a un violador que a un vendedor de drogas, pues cada quien es responsable por lo que consume. Pena de muerte, quizá para los grandes capos del narcotráfico, pero tristemente vivimos en un mundo en el que los narcotraficantes pagan grandes cantidades de dinero, además de varios años de cárcel y salen libres a disfrutar las fortunas que amasan vendiendo muerte y perdición para luego lavar en paraísos fiscales.

Según cifras arrojadas por los medios, en el mundo, un 56.7% de los reclusos se encuentran detenidos por delitos de narcotráfico, lo que equivale a 8.526 presos. En China hay cinco colombianos condenados a pena de muerte por este delito, 10 a pena de muerte con suspensión por dos años, y 15 a cadena perpetua. A pesar que la ley 1465 de 2011, por la cual se creó el Sistema Nacional de Migraciones para  la protección de los colombianos en el exterior, exige que no se violen los derechos fundamentales de los colombianos en otro país, y que se garantice el respeto a estos, el Gobierno colombiano afirmó que no puede garantizar ni la repatriación, ni la no aplicación de la pena de muerte en aquellos países que tienen establecido este castigo. ¿Influirá la actividad económica? Quizá el Estado no quiera apoyar financieramente, lo toma como pérdida de tiempo y de plata, porque traer a un compatriota en apuros desde el otro lado del planeta no le deja una ganancia concreta.

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Esta es una sociedad de doble moral, ¿cuantos chinos hay en Colombia traficando y contrabandeando, causándole daño a los microempresarios, trayendo su mercancía barata y poniendo en deuda a muchas más empresas? no son justas estas leyes. El hecho de ser colombianos ya es motivo de sentencia, nos tildan de ser los mayores portadores de drogas y esto ya es una ejecución garantizada.
Nada justifica la pena de muerte por delitos menores, aunque para este colombiano la muerte no fue castigo, el castigo fue la reclusión en condiciones miserables.